I+D: Una alianza entre empresas y Estado que no ha terminado de consolidarse

Por María José Bustos, 01 octubre 2019

La inversión en I+D es un factor crítico para el aumento de la productividad total de factores del país. La legislación chilena contempla un incentivo tributario para fomentar la I+D.
La Ley 20.241 establece un incentivo tributario a la inversión privada en Investigación y Desarrollo (Ley de I+D). Para acceder, se debe presentar una postulación a CORFO, encargada de certificar técnicamente el proyecto.

El uso de la Ley I+D: un balance 2012-2018

La innovación, los gastos en I + D y las inversiones en tecnología son premisas para garantizar la competitividad y el progreso y, a través de ellos, un crecimiento económico sostenible (Pece et. al, 2015). Esto lo han entendido bien los países miembros de la OCDE, donde el promedio del PIB destinado a I+D es 2,38% y la mayor parte de esta inversión es privada. En Chile, en cambio, sólo el 0,36% del producto es destinado a I+D (año referencia 2017) y la mayor parte del gasto es financiado por el Estado (49%), según la última Encuesta sobre Gasto y Personal en I+D realizado por la División de Innovación del Ministerio de Economía.
Producto de esta realidad es que se crea la Ley 20.241 que establece un incentivo tributario a la inversión privada en I+D. Su objetivo es aumentar la inversión que realizan las empresas en actividades de investigación y desarrollo con miras a mejorar la productividad y competitividad de nuestra economía.
En promedio, se calcula que cada dólar adicional en incentivos públicos induce medio dólar del gasto privado en I+D (Westmore, 2013) Como se puede visualizar en la figura 1 durante los primeros 5 años después de la modificación a la Ley, el presupuesto certificado mostró un crecimiento con una tasa promedio de un 118%.
A partir del 2017, los montos aprobados muestran un retroceso prácticamente de un 50%. Respecto a los resultados del año 2018, del total de 201 proyectos postulados, se certificaron 172 por un monto total de $35.832 millones de pesos presentando una baja de un 6,7%.

Figura 1. Presupuesto certificado (millones) por año

¿Cómo se justifica que después de 5 años, cambie de forma drástica la tendencia en gastos en I+D que realizan las empresas?

A continuación, se presentan algunas explicaciones sobre por qué las empresas no están ocupando este beneficio:
1) Poco conocimiento de la ley: aunque Corfo ha hecho esfuerzos por difundir el instrumento, existe desconocimiento acerca de la Ley de Incentivo Tributario. Muchas veces, empresas están desarrollando proyectos de I+D y no utilizan el beneficio debido a que no tienen la claridad acerca cómo opera la Ley. ¿Qué actividades y proyectos se consideran I+D? ¿Cuál es el procedimiento para realizar la solicitud de certificación en Corfo? ¿Cuál es la relación con SII?, ¿Quién fiscaliza y cómo se utiliza en la Declaración de Renta anual? Éstas y otras más son algunas de las interrogantes que tienen las empresas y que conforman una primera barrera de entrada para el crecimiento y consolidación del I+D en el país.
2) Dificultad de las Pymes para utilizar el incentivo tributario: existen más de 900 mil Pymes que representan el 84% de las empresas en Chile. Sin embargo, éstas representan un promedio de 17,1% de las certificaciones durante el periodo 2012-2017. La Ley se encuentra desalineada con los intereses de los pequeños y medianos empresarios que normalmente experimentan estrés financiero y problemas en el flujo de caja, y que no tienen la capacidad para realizar inversiones con resultados a largo plazo y alto grado de incertidumbre, como es la naturaleza de los proyectos de I+D.
3) Déficit en capacidades de gestión de proyectos I+D: normalmente las empresas no tienen las capacidades internas para la gestión de proyectos, por lo que es una práctica habitual la búsqueda de apoyo externo en consultoras especializadas en esta temática. La ley no considera los gastos administrativos o indirectos asociados a la ejecución de proyectos, por lo que este tipo de gastos recae en un 100% en la empresa, generando un desincentivo para la ejecución de este tipo de proyectos.

Inversión en I+D: un salto al desarrollo y la competitividad

Para que se logre el objetivo, falta el esfuerzo de los principales actores involucrados con el I+D: Estado y empresas. Por una parte, el Estado debe mejorar el diseño y los mecanismos de difusión del instrumento Ley de Incentivo Tributario con el propósito de facilitar y agilizar su uso, empatizando con la realidad empresarial. Así mismo, las empresas deben hacer un esfuerzo adicional por conocer y utilizar los beneficios tributarios, invertir recursos para desarrollar y gestionar estos proyectos, teniendo una visión más a largo plazo de los resultados beneficiosos
que pueden traer al desarrollo y competitividad de las industrias.
Resulta evidente que tenemos una deuda con el I+D y la invitación es que todos colaboremos para invertir esta relación: fomentar la vinculación academia-empresa, aumentar las contrataciones de capital humano especializado, impulsar la integración de startups en procesos de innovación abierta, promover la colaboración y desarrollo de proyectos asociativos entre empresas, entre otros. La invitación es a atreverse y dar el salto, porque el I+D es tarea de todos.