| Julio 6, 2020 - 5 min. de lectura.
En el año 2008, se creó la Ley 20.241 conocida como Ley I+D. La cual permite obtener beneficios tributarios para las empresas que pagan impuestos en primera categoría por gastos en Investigación y Desarrollo. Cuatro años después, en septiembre de 2012 se introdujeron modificaciones importantes a la ley original y que dio inicio a Ley 20.570. Dentro de los cambios más importantes, está el reconocimiento de los gastos de I+D realizados internamente por la empresa. Esto incluye su propio personal, insumos y equipamiento necesario para la ejecución de las actividades del proyecto. Estos cambios produjeron un salto en las postulaciones. Por ejemplo el primer año a 103 y empinándose hasta un máximo de 145 postulaciones el año 2016.
En el último reporte publicado que observa el año 2019, recientemente entregado por CORFO, contabiliza un total de 70 postulaciones, lo que representa exactamente la mitad de las postulaciones realizadas el año 2018. Es una baja significativa que merece una reflexión.
Estas cifras están lejos de ser alentadoras. Más bien generan una preocupación sobre cómo en Chile se está quedando estancada la I+D empresarial y cada vez más lejos del comportamiento de los países incluidos en la OCDE.
La pregunta es una sola, ¿Qué está pasando en el mundo empresarial chileno que la innovación y la I+D es tan difícil de consolidar?. Es una inquietud que no deja de ser preocupante considerando los excelentes beneficios que la Ley entrega.
En este artículo comentare solo 5 beneficios de los muchos que puedes obtener postulando a la ley de I+D.
Uno de los beneficios más importantes es una rebaja del 35% del valor del proyecto. El cual se aplica en forma directa al impuesto de primera categoría a pagar.
En concreto, si la empresa hace un proyecto por $100 millones de pesos, $35 millones van en descuento directo al impuesto a pagar. Es una cifra nada despreciable, considerando que el tope anual es de UF 15.000 UTM (cerca de 900 mil dólares) en gastos efectivamente pagados en un período tributario entre enero y diciembre.
Pero esto no es todo. El restante 65% del valor del proyecto se contabiliza como gasto aceptado para producir la renta. Lo que permite reducir de esta manera las utilidades de la empresa y permitiendo en algunos casos bajar de tramo tributario. Sumando a lo anterior, es posible llegar a un beneficio total que supera el 50% del valor del proyecto.
La Ley permite incluir como gastos del proyecto a personal existente y nuevo contratado para la ejecución de las actividades. Este ítem de gasto es muy relevante considerando que el personal que realiza la ejecución del proyecto es de alto nivel profesional y por las características que exigen estos proyectos, de alto nivel de renta.
Así mismo, la contratación de personal nuevo con importantes y reconocidas capacidades aporta valor para la generación de nuevo conocimiento interno y una mayor especialización tecnológica que requiere la ejecución de los proyectos.
La Ley establece que los gastos de operación como insumos, materiales, viajes, arriendos, etc. también son incluidos en los gastos que pueden ser aplicables a los presupuestos de los proyectos.
Un aspecto relevante de este ítem es la contratación de servicios a entidades de alto nivel de especialización externas, tanto en Chile como del extranjero, para que apoyen la gestión de las actividades a realizar como son los centros tecnológicos, universidades, consultores tecnológicos especializados. Los cuales aportan nuevas capacidades a la empresa beneficiaria generando nuevas ventajas competitivas y lazos de colaboración.
La pandemia del COVID-19 ha puesto en lugares comunes a empresas y organizaciones. Impulsando la colaboración antes los problemas tan complejos como los que estamos viviendo. Esto ha creado un gran espacio para la innovación abierta e inteligencia colectiva para su resolución.
La gestión de activos intangibles generados como resultados de los proyectos de I+D representan una enorme posibilidad de generar valor económico para la empresa. Estos constituyen en una nueva fuente de ingresos y un aumento en el valor de la compañía y el posicionamiento de su marca. Son múltiples los ejemplos de esto en el mundo entero y en tiempos de cambios tecnológicos acelerados, puede hacer la diferencia entre crecer, estancarse o morir.
En el Informe Mundial sobre la propiedad intelectual 2017, que trata sobre el Capital intangible de las cadenas del valor globales, elaborado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), muestra como la producción mundial del siglo XXI se caracteriza por la denominada “curva de la sonrisa”, propuesta por el director ejecutivo de Acer Inc, a principios de los 90 y representada en el siguiente gráfico.
Se observa que el valor añadido del capital intangible en las etapas tempranas de producción es más alta que en las fases de fabricación. Lo que también se percibe en el desarrollo de marca y postventa.
Para Chile, esto no es menor, pues representa una gran oportunidad de capturar valor en etapas tempranas, utilizando su ventaja comparativa como extractor de materias primas y transformarla en ventaja competitiva con mayor valor agregado, sumando nuevo conocimiento e I+D en etapas iniciales.
Más allá de los evidentes beneficios expuestos para las empresas de contar con activos intangibles, los beneficios tributarios de la Ley comentada permiten incluir los gastos de estudios e inscripción sobre la propiedad industrial e intelectual.
Son pocas las empresas que usan el beneficio tributario que ofrece la Ley. De acuerdo al último informe de gestión publicado por CORFO, solo 62 contribuyentes presentaron proyectos. Una cifra ínfima si consideramos el potencial que existe en Chile, las capacidades instaladas desde el punto de vista tecnológico, el conocimiento especializado de más de una docena de centros de investigación y una economía que ha ofrecido en los últimos 20 años estabilidad y condiciones adecuadas para la inversión.
La Ley I+D, como cualquier otra, es un derecho y toda empresa que tribute en primera categoría puede hacer uso de ella, basta con cumplir con los requisitos que exige para que un proyecto sea certificado por CORFO. La Ley de I+D no se encuentra sujeta a cambios o restricciones presupuestarias del gobierno de turno. Además provee un beneficio intangible extraordinario que es aumentar la capacidad competitiva de la empresa, el ordenamiento en la ejecución de las actividades y gastos del proyecto y una rebaja significativa de los impuestos a pagar que en algunos casos puede llegar hasta el 50% del valor del proyecto.
En un punto de inflexión como en el que nos encontramos a nivel mundial, con cambios en los paradigmas sociales, culturales, económicos, la invitación es a utilizar esta Ley que genera enormes beneficios para las empresas, no sólo desde un punto de vista económico puntual, sino también como un motor que permita generar sinergias y aportes colaborativos entre diversas entidades, que contribuyan al crecimiento de nuestro país.
En Brinca hemos acumulado una experiencia de más de 7 años formulando proyectos a la Ley I+D con tasas de éxito que superan el 80% y más de 10 millones de dólares adjudicados.
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